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Uruguay-Justicia-Inquietan a abogados escuchas telefónicas con sus defendidos

Escrito por rigofa2010 08-09-2010 en General. Comentarios (0)
Inquietan a abogados escuchas telefónicas con sus defendidos
Límite. La Justicia solo analiza si hay complicidad en eventuales delitos
PABLO MELÉNDREZ

Una comisión del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) analizará los perjuicios que pueden acarrear para el ejercicio de la profesión las escuchas telefónicas de conversaciones entre indagados y sus defensores.

Las interceptaciones de llamadas, así como de mensajes de texto por celular y correos electrónicos de personas investigadas por la Justicia, están reguladas por la Ley Antilavado de Activos (18.494, de junio de 2009) que establece cómo se deben llevar a cabo esos procedimientos, que se han transformado en medios probatorios claves en los casos de narcotráfico y de blanqueo de dinero.

La propia ley establece que "quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación".


Sin embargo, hay muchos abogados "preocupados" ante la posibilidad de que elementos tomados de esas conversaciones sean utilizados contra los indagados, lo que violaría tanto el secreto profesional que rige para los profesionales como el derecho de defensa de las personas investigadas, dijo a El País el presidente del CAU, Jorge Abramo.

Por eso, una comisión de la gremial analizará diversos aspectos vinculados con el ejercicio de la abogacía y, en particular, el caso de las escuchas entre los profesionales y sus clientes.

"La lucha contra la droga y el lavado de activos plantea temas éticos muy importantes, y con el argumento de que se afecta la vida social con esos delitos, se puede justificar una disminución muy grande de las garantías, y eso es lo que a nosotros nos interesa monitorear de cerca", argumentó Abramo.

Si un indagado "no puede hablar con libertad con su abogado, se le está impidiendo que acceda a saber cuáles son sus derechos, y eso es algo muy grave", consideró el presidente de la gremial de los abogados.

"CASUAL". Los abogados penalistas Raúl Cervini y Gabriel Adriasola, en el libro "Responsabilidad Penal de los Profesionales Jurídicos", que en breve será puesto a la venta por la editorial La Ley Uruguay, señalan que si en el marco de un seguimiento telefónico se produce una escucha "casual" entre el indagado y su defensor, en ese momento se debe interrumpir la grabación, como forma de proteger el secreto profesional.

Los abogados sostienen que "aun cuando las escuchas (entre el indagado y abogado) puedan ser un medio para obtener la verdad material", no pueden ser tenidas en cuenta como parte de la investigación, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente en Uruguay, que "va en consonancia con la mejor y más garantista doctrina y jurisprudencia internacional".

Cervini y Adriasola analizan todas las hipótesis en las cuales los abogados pueden ser responsabilizados penalmente por actuar en connivencia con sus clientes, como por ejemplo participando en sociedades anónimas o administrando bienes o fondos de sus patrocinados, lo que implica la realización de actividades que pueden comprometer judicialmente a los profesionales.

Sobre este punto, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, aseguró no hay un uso "injustificado" de las escuchas telefónicas. El magistrado señaló a El País que los abogados "pueden estar absolutamente tranquilos" de que las conversaciones que mantienen con sus clientes no son tenidas en cuenta en las investigaciones.

"Mientras el abogado cumpla con su función y se dedique a ejercer su rol de defensor, no debe tener ninguna preocupación. Pero si está asesorando respecto a cómo delinquir, ahí es otra historia", expresó Díaz (ver nota aparte).

Doloroso. En tanto, el penalista Pedro Montano, en un artículo publicado en la última edición de la revista bimensual Tribuna del Abogado que edita el CAU, señala que hay medios probatorios como las escuchas telefónicas "que reposan en una grave inmoralidad" y que se justifican "por la impotencia de los medios convencionales para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada".

Montano cuestiona las escuchas que involucran conversaciones de los indagados con sus abogados, porque de esa forma se viola el derecho de defensa, ya que "en ellas el imputado puede autoincriminarse".

"No podemos permitir que este tipo de pruebas se incorpore a nuestra cultura pasando a formar parte de lo políticamente correcto", dice.

Montano relata que vivió "experiencias muy dolorosas" sobre el punto: "Una vez entré en el estudio de un colega aquí en Montevideo y, antes de saludarnos, me advirtió en voz alta y clara, que todo lo que se dijera allí era escuchado porque habían instalado micrófonos clandestinamente por disposición judicial".

"Otro día, un posible cliente me visitó en mi estudio y me pidió salir a conversar afuera, por temor a que escucharan -¡en mi propio estudio!- la conversación que íbamos a tener. Esta desconfianza hacia mi estudio, ¡hacia mi casa!, y hacia mi persona, por considerarme un sujeto vigilado, me llegó muy hondo", relata Montano.

Se conservan las grabaciones
El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, dijo que cuando en el marco de una investigación en la cual se dispuso el seguimiento telefónico de un indagado se intercepta una conversación con su abogado, la transcripción de la misma "no se incluye" en el expediente, aunque sí se conserva la grabación.

"Ha habido casos donde el abogado le recomienda al indagado que se deshaga de la droga o que no se presente a declarar, pero eso no se puede tener en cuenta porque si no se estaría violando el derecho de defensa", explicó Díaz. Resaltó que la escucha telefónica es una prueba que se adopta siempre mediante una resolución fundada, por lo que si un juez realiza interceptaciones ilegales puede ser sancionado por ello.

El juez aclaró qué "es distinto" cuando el abogado también está siendo investigado por algún tipo de participación en la maniobra o ilícito que se pretende aclarar. De todos modos, dijo que no conoce casos en los que se hayan "pinchado" teléfonos de abogados, sino que en todo caso las conversaciones que han sido interceptadas entre un indagado y su defensor fueron obtenidas por la intervención de la línea del sospechoso.

El País Digital

Argentina de los Kirchners-Denuncian al Gobierno por ocultar información pública-

Escrito por rigofa2010 07-09-2010 en General. Comentarios (0)
Falta de transparencia / Inusual choque entre organismos de control
Denuncian al Gobierno por ocultar información pública
La Auditoría General, dependiente del Congreso, planteó a la Justicia que no le remiten 300 informes
Domingo 5 de setiembre de 2010
Martín Dinatale
LA NACION

En una escalada del creciente choque entre poderes y organismos del Estado, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un amparo judicial contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por demorar y resistirse a brindar la información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al Gobierno durante el año pasado.
El pedido de intervención judicial que presentó el 11 de agosto el titular de la AGN, el radical Leandro Despouy, podría obligar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones realizadas al Gobierno. La AGN depende del Congreso y tiene mayoría opositora, mientras que la Sigen es el principal órgano de control de la Presidencia.
Desde marzo último, la Sigen se negó a entregar esa documentación a la AGN al aducir que se trataba de "datos personales" y retiró de su página web todos los informes de control que eran de acceso público.
A lo largo de 28 carillas, Despouy fundamentó su presentación judicial contra la Sigen aludiendo que existe desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera de parte de la Sigen. También expresó que la AGN necesita los informes de la Sigen con el fin de que se "facilite el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierta sobre actos o conductas irregulares del Estado". El escrito también plantea que es "inadmisible y ficticia" la respuesta de la Sigen para justificar su negativa a brindar información.
Un día después de la embestida de Despouy en la Justicia, Reposo envió una carta a la AGN donde se comprometió a remitir toda la información requerida en 10 días. Ya pasaron 26 días desde ese momento y aún no hubo respuesta alguna de parte de la Sigen. Tampoco se expidió hasta ahora la jueza Rita María Ailan, del Juzgado N° 4, secretaría 7, del tribunal en lo Contencioso Administrativo donde se radicó la denuncia.
Ante una consulta por e-mail que el jueves pasado le hizo LA NACION, Reposo sostuvo: "Le vamos a mandar a la AGN todos los informes de gestión la semana que viene. Los de 2009 se están concluyendo. Quedamos con la AGN en reunirnos periódicamente para combinar acciones".
En rigor, los informes de 2009 ya están hechos y la Sigen sólo debería enviar una copia de ellos a la AGN. En caso de que Reposo se niegue a dar la información, el presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tiene competencias sobre la AGN, el diputado radical Agustín Martínez Oddone, adelantó a LA NACION que "no se descarta modificar la ley que regula a la Sigen para obligar a Reposo a cumplir con los deberes de funcionario público".
La presentación judicial de Despouy fue el desenlace de un largo intercambio de misivas que comenzó el 23 de marzo de este año. Ese día, la AGN solicitó a la Sigen que remitiera todos los informes de control realizados al Gobierno durante 2009 para incorporar en una base de datos y poder ejecutar "el desarrollo de las funciones asignadas".
El 27 de abril, Reposo contestó a la AGN en la nota 1779/2010 que por una resolución suscripta entre la Sigen y la AGN publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2010 la Jefatura de Gabinete debía hacer un seguimiento de todo requerimiento de información. Luego, se reunieron todos los auditores y coincidieron en que aquella respuesta era "insatisfactoria" porque la firma de un convenio con la Jefatura de Gabinete "no exonera a la Sigen de entregar oportuna e íntegramente la información solicitada".
Luego, la Sigen envió una carta a la AGN el 1° de julio pasado, en la que mantuvo su postura, pues argumenta "el respeto de los principios de protección de datos personales", aunque remitió un archivo magnético con sólo 14 informes de control al Gobierno de 2008.
Ante la insistente negativa de Reposo, la AGN había advertido que accionaría ante la Justicia y así lo hizo Despouy con el acuerdo de la mayoría de los auditores.
Pero el tema motivó un arduo debate en la reunión de colegio de la AGN el 18 de agosto. Allí, el auditor Vicente Brusca, que responde al kirchnerismo, cuestionó fuertemente al presidente de la AGN, a quien tildó de "desleal" y calificó de "bravuconada" la decisión de acudir a la Justicia.
Pelea verbal
Según consta en las actas de la AGN de ese día, a las que accedió LA NACION, la reunión de auditores fue muy polémica y se desató un fuerte cruce verbal entre Despouy y Brusca. El encuentro se tuvo que levantar por pedido de otro de los referentes del kirchnerismo, el auditor Javier Fernández, ya que el asunto había generado un debate de impredecible final y además en el kirchnerismo había diferencias al respecto.
Por lo pronto, por ejemplo, el otro auditor del oficialismo Oscar Lamberto avaló la idea de llevar el tema a la Justicia.
En diálogo con LA NACION, el auditor radical Horacio Pernasetti expresó que Despouy se había presentado a la Justicia con el aval del colegio de auditores, de la comisión mixta del Congreso y con sus propias facultades como presidente de la AGN. "Esperemos que la Justicia actúe rápido porque aquí hay que hacer cumplir la ley y desentrañar este conflicto que no le hace nada bien a la transparencia pública", dijo Pernasetti.
No es la primera vez que la AGN recurre a la Justicia por retaceo de información de parte de la administración kirchnerista. En enero de 2009, la Auditoría exigió por vía judicial al Ministerio de Planificación que remitiera toda la información vinculada con la concesión del Belgrano Cargas para poder avanzar con una auditoría. Luego de una larga pulseada, la Justicia obligó en marzo pasado a la cartera de Julio De Vido a brindar información. Pero la respuesta que hubo fue casi tan irrisoria como la negativa que se había mostrado para dar información: los expedientes del Belgrano Cargas se habían perdido y ante ello hubo una condena de costes al Estado contra Planificación y Belgrano Cargas.
Ahora, las autoridades de la AGN esperan un desenlace diferente en su pelea con la Sigen. Por lo menos, la mayoría, quiere tener en sus manos los 300 expedientes de control de 2009 en todos los ministerios del Poder Ejecutivo para poder definir las investigaciones que se llevarán adelante.
CRONOLOGIA DE UNA LARGA DISPUTA
20 DE MARZO
El cierre de la Web
La página de Internet de la Sigen, que conduce Daniel Reposo (foto), deja de publicar los informes de control del Poder Ejecutivo, que eran de acceso público.
23 DE MARZO
Primer pedido
Por nota el auditor de la AGN Oscar Santiago Lamberto, solicitó a la Sigen tenga "a bien remitir en soporte magnético los informes emitidos, por esa Sindicatura General durante el ejercicio 2009, recaídos en los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional." Se trataba de unos 300 expedientes de 2009.
27 DE ABRIL
Negativa
Reposo contestó a la AGN que denegaría la entrega de información solicitada. Argumentó que se hacía para "garantizar los datos personales".
1° DE JULIO
Contraataque
En la segunda nota remitida por la Sigen, luego de justificar la restricción en el acceso a la información hacia la AGN entrega 14 informes de 2008.
14 DE JULIO
Acuerdo de auditores
El Colegio de Auditores Generales de la AGN resolvió en una sesión reiterar la solicitud formulada y se advierte que no descartan recurrir a la Justicia.
11 DE AGOSTO
A la Justicia
El presidente de la AGN, Leandro Despouy (foto), presenta un amparo por retaceo de información y mora contra la Sigen ante la justicia en lo Contencioso Administrativo.
12 DE AGOSTO
Compromiso
Advertido de este tema, Reposo envía una nota a la AGN donde se compromete a enviar toda la información en 10 días.
18 DE AGOSTO
Debate acalorado
En una reunión del Colegio de Auditores, el kirchnerista Vicente Brusca califica de "desleal" a Despouy y califica la presentación judicial de "bravuconada".

Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.

Argentina de los Kirchners-Crece la tensión entre la Justicia y el Gobierno

Escrito por rigofa2010 05-09-2010 en General. Comentarios (0)
Réplica de Lorenzetti a Boudou
Crece la tensión entre la Justicia y el Gobierno
El titular de la Corte rechazó críticas y negó que haya "justicia exprés"
Sábado 4 de setiembre de 2010
Los ministros de la Corte Lorenzetti y Higton , ayer, en el cierre del congreso nacional de jueces
 Foto: Télam
Hernán Cappiello
LA NACION
"Ni justicia exprés, ni no exprés. Los jueces trabajamos seriamente para brindar un servicio y hacer las cosas mejor. Lo demás son cosas de todos los días. El Poder Judicial es independiente, porque ésa es la garantía para todos los argentinos." Con estas palabras, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, respondió al ministro de Economía, Amado Boudou, que anteayer había descalificado a la Cámara Comercial por levantar la intervención judicial que pesaba sobre Papel Prensa.
Al concluir la IV Conferencia Nacional de Jueces, en Puerto Madero, Lorenzetti intentó eludir las preguntas de los periodistas para no enfrentarse abiertamente con Boudou, máxime cuando acababa de presentar dos proyectos de ley en los que reclama la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y la creación de un fondo federal para atender las necesidades mínimas de los tribunales provinciales.
Pero enfrente tenía a centenares de magistrados de todo el país que también habían escuchado las descalificaciones del ministro a los camaristas comerciales. Haciendo equilibrio, Lorenzetti reclamó a los otros poderes del Estado "políticas públicas" para evitar la judicialización, y deslizó: "Con declaraciones abstractas, no se solucionan los problemas de la gente".
Las declaraciones de Boudou, que había señalado que la Justicia impedía que la ley llegara a Papel Prensa, fueron rechazadas por la Asociación de Magistrados. Repudió esas afirmaciones, que constituyen "una agraviante exorbitancia respecto del derecho de crítica", según dijo, y afirmó: "Configuran un evidente nuevo intento de vulnerar la independencia del Poder Judicial y condicionar a las eventuales instancias revisoras, incurriendo con todo ello en una falacia de evidente intencionalidad mediática consistente en confundir el acierto o desacierto de las resoluciones judiciales con la viabilización o desestimación de las pretensiones de parte".
Lo demás fueron las conclusiones del plenario, con planteos de todos los jueces de cara al Poder Ejecutivo. Refirmaron que "la independencia del Poder Judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano".
Por eso, reclamaron que los jueces fueran elegidos por sistemas transparentes, en los que el mérito prevalezca, para desplazar las influencias políticas indebidas. Fue todo un pronunciamiento de cara al Consejo de la Magistratura, que está en etapa de recambio y al Poder Ejecutivo.
Las conclusiones pusieron el acento en un viejo reclamo de la Corte: "Resulta imprescindible aumentar la cantidad de jueces en todas las jurisdicciones", y señalaron como "esencial que se cubran las vacantes en todos los juzgados de modo rápido". De 909 cargos de jueces federales, hay 183 vacantes.
El cierre de la conferencia fue la ocasión de Lorenzetti para insistir en sus reclamos de autonomía presupuestaria, inamovilidad en los cargos e intangibilidad de los sueldos como garantía de independencia del Poder Judicial.
Pero evitó la confrontación directa con el Ejecutivo y el Congreso, y convocó "al diálogo entre los tres poderes del Estado" para impulsar dos proyectos de ley: uno que le da autonomía presupuestaria al Poder Judicial y otro que establece un piso mínimo de recurso para el funcionamiento de tribunales provinciales, muy desvalidos. La jueza Elena Highton de Nolasco lo puso en palabras simples: "La Corte Suprema vive en Buenos Aires, pero ahora atiende en todo el país".
Los puntos salientes de las conclusiones de las comisiones que trabajaron en el Congreso para difundir estrategias de acceso a la Justicia fueron favorecer la inclusión de género en las jerarquías más altas del Poder Judicial y ampliar la informatización mediante un sistema de notificaciones, pagos electrónicos y firma digital.
También se reforzó la idea de acercar a jueces y periodistas, y que el diálogo entre los poderes favorezca la efectiva implementación de derechos sociales o económicos, tras las sentencias que los reconocen.


Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.

Argentina de los Kirchners-"La República está en peligro de extinción"

Escrito por rigofa2010 05-09-2010 en General. Comentarios (0)
"La República está en peligro de extinción"
Sábado 4 de setiembre de 2010
El jurista René Mario Goane, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, advirtió sobre los avances del Poder Ejecutivo Nacional sobre los otros poderes del Estado y dijo que "la República atraviesa hoy una sistemática situación de peligro de extinción y de instauración de un totalitarismo enmascarado".
Con el recuerdo de la figura de Juan Bautista Alberdi como telón de fondo, al celebrarse los 200 años de su nacimiento, Goane afirmó: "La organización política federal del Estado argentino va siendo sustituida por un unitarismo, mediante un férreo y desembozado centralismo del gobierno nacional, operado activamente por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de la conducta omisa del Congreso".
El ministro de la Corte provincial expuso en el homenaje que la justicia tucumana le tributó a Alberdi, hijo dilecto de la provincia, en un acto encabezado por el presidente del tribunal, Antonio Estofán. Pese a estar invitado, no concurrió el gobernador, José Alperovich.
Goane describió un cuadro de "suma gravedad institucional". Denunció que "el Poder Ejecutivo Nacional descalifica las conductas personales de los jueces, en flagrante violación del ámbito de privacidad del artículo 19 de la Constitución nacional [y que] llega, en ocasiones, a no acatar ni cumplir las sentencias".
Advirtió, así, sobre "un proceso de enervamiento de la forma republicana de gobierno con la correlativa hipertrofia orgánica del Poder Ejecutivo, que avanza sobre las atribuciones y competencias del Poder Legislativo y descalifica las decisiones del Poder Judicial".
El jurista tucumano rescató, en tanto, el compromiso de "jueces probos e independientes".


Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.

URUGUAY-FFAA-Prisión para ex comandante en jefe de la armada y tres altos oficiales-

Escrito por rigofa2010 21-08-2010 en General. Comentarios (0)
Prisión para ex comandante en jefe de la armada y tres altos oficiales
Compras fantasmas. Fallo histórico en los casi 200 años de existencia de la fuerza de mar Uno de los cinco oficiales imputados pudo probar que su firma había sido falsificada; quedó en libertad
PABLO MELÉNDREZ / DANIEL ISGLEAS

La Justicia envió a prisión anoche al ex comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio, y a otros dos oficiales por las "compras fantasmas". Otro marino fue enjuiciado sin prisión y un quinto fue deslindado del caso por la Fiscalía.

Por primera vez en casi 200 años de existencia de la fuerza de mar, un ex comandante fue procesado por la Justicia Penal. Juan Fernández Maggio, quien dejó la comandancia de la Armada en febrero, fue enjuiciado con prisión por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.

La magistrada, a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, también procesó con prisión a los oficiales en actividad Gerardo Feble (ex director de Logística) y Pablo Da Costa (quien prestaba funciones en la Dirección de Material Naval).


En cambio, enjuició bajo régimen de reclusión domiciliaria a Danilo Damonte, ex titular de la oficina de Presupuesto Naval, quien aportando información a la fiscal Ferrero, llegó a un acuerdo mediante el cual la representante del Ministerio Público lo exoneró de cumplir la prisión preventiva en un centro de reclusión.

Los cuatro oficiales fueron embargados por US$ 600.000, dinero total por el cual en 2008 en la Armada se simuló la compra de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica.

Por otra parte, la fiscal Ferrero retiró ayer la solicitud de enjuiciamiento de Alberto Márquez (director del Servicio de Aprovisionamiento) que había formulado el martes, ya que una pericia caligráfica demostró que una firma suya que existe en uno de los documentos vinculados a la maniobra fue falsificada.

Ayer, a pedido de la defensa de Fernández Maggio, volvió a declarar el jefe de la Flota Naval, Manuel Burgos. Los abogados del ex comandante también solicitaron que se interrogue a los oficiales Hugo Viglietti (actual jefe interino de la Armada), Óscar Debali (ex jefe de la fuerza) y al contralmirante Alberto Caramés, quienes serán citados durante el juicio.

"NO ES CREÍBLE".
Gatti y Ferrero concluyeron que el procedimiento fue "pergeñado y dirigido" por Feble y Damonte y contó con la participación de Da Costa "en la ejecución". Por eso, fueron procesados por "un delito continuado de fraude en calidad de autores". La fiscal había pedido que les fueran imputados "dos delitos de fraude", pero la jueza entendió que hubo una acción criminal sostenida en el tiempo que no se debía acotar a dos hechos.

Sin embargo, la jueza desestimó la imputación del delito de "falsificación ideológica de un documento público" en torno a Feble, ya que a su criterio la fiscal hizo referencia a varios documentos, sin especificar a cuál se refería concretamente.

En relación a Fernández Maggio, Gatti dice en su fallo que sus afirmaciones en cuanto a que no conocía las maniobras "no resultan creíbles".

En cambio, indica que son verosímiles los testimonios brindados por Feble y Damonte en cuanto a que recibían órdenes de Fernández Maggio, "aun cuando, evidentemente, por su rango, no suscribiera ninguno de los recaudos necesarios para completar el proceso de compra", señala el fallo.

Subraya que Fernández Maggio envió una nota al BHU para diferir el pago de una deuda de $ 9.000.000, bajo el falso argumento de que la fuerza tenía un presupuesto acotado.

Ese dinero se utilizó para simular las compras, por lo que Fernández Maggio "habilitó y dio inicio a la maniobra por compras ficticias". Por eso, para Gatti, "no resulta razonable ni creíble" que el ex jefe naval "se desentendiera totalmente del destino a darse a esos fondos".

El fallo indica que el manejo que los oficiales hacían del dinero, entregándose entre sí elevadas sumas sin la existencia de recibos ni cuestionamientos hacia ese proceder, demuestra "la participación consciente" de los marinos en la maniobra.

"No es así como debe manejarse el dinero del Estado y ello era por demás claro tanto para Da Costa, como Damonte y Feble, en atención a las jerarquías de sus cargos y funciones desempeñadas", dice Gatti.

Agrega que, según Feble, la simulación de las compras se hizo en parte con dinero proveniente de fondos de ONU "que luego reintegraba, con el dinero a obtenerse con las compras ficticias", sostiene el fallo.

"El dinero gastado no puede ser ligado directamente a las compras que aquí se examinan sino que podrían obedecer a otras anteriores igualmente irregulares, lo que deberá ser investigado", añade Gatti.

Remarca que "existe una diferencia" de $ 4.296.215 "cuyo destino no pudo ser aclarado por quienes lo tuvieron en su poder" porque "nadie admite haberlo recibido".

Por eso, la jueza Gatti continuará la indagatoria para determinar si los oficiales procesados -junto a otros seis que seguirán siendo investigados- se enriquecieron ilícitamente.

El Ejército "está muy bien", dijo Rosales.
El Ejército "está muy bien", aclaró su jefe el general Jorge Rosales. La fuerza "no ha tenido ningún tipo de control extraordinario" sobre los recursos presupuestales de Naciones Unidas, como derivación de la situación en la Armada. Tampoco hay una investigación nueva sobre la forma de administración de los recursos, dijo Rosales.

En los momentos en que la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti dictaba el procesamiento de los marinos por fraude, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, asistía a la sede del Ejército, sobre la avenida Garibaldi, a la conmemoración de los 100 años de construcción del edificio del Comando del Ejército, a cargo del general y arquitecto Alfredo Campos.

Sobre las investigaciones en la Dirección de Sanidad Militar, Rosales no mostró preocupación porque sostuvo que es una unidad ejecutora que depende del Ministerio de Defensa y no de una fuerza en particular.

El Ejército tiene mecanismos de control interno sobre recursos que recibe, precisó Rosales.

El País Digital
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LA JUSTICIA YA INVESTIGA MÁS COMPRAS FICTICIAS
Armada: cuatro oficiales presos por fraude
Capitán dijo que el ex comandante le ordenó destruir las planillas con destinos del dinero.
   
El capítulo de las compras ficticias tuvo ayer su primer desenlace. El ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, y otros tres oficiales fueron procesados. Uno de ellos con prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.
Pero la historia no termina acá. Para la jueza Graciela Gatti las dos compras inventadas –de la grúa y el banco de pruebas para motores por US$ 600 mil– son parte de un mecanismo armado para obtener fondos del Estado. En el expediente surgen elementos para creer que hay más compras y más oficiales involucrados. Además, existen fundadas sospechas de que el dinero fue a parar a las cuentas de los implicados.

La jueza trabó embargo general de derechos y acciones respecto de los procesados por la suma de $ 11.629.548, correspondientes a los US$ 600 mil que no aparecen.

Según consta en el auto de procesamiento al que accedió El Observador, la jueza procesó a Fernández Maggio como coautor de un delito continuado de fraude. Al ex jefe de Logística, Gerardo Feble, y al ex segundo jefe del Servicio de Aprovisionamiento (Serap), les imputó delito continuado de fraude.

El mismo delito le tipificó al ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Danilo Damonte, pero en su caso fue procesado con prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.

Damonte entregó documentación de otras compras falsas. La jueza determinó que no podrá abandonar el domicilio sin su autorización salvo por razones de urgencia médica.

Gatti no hizo lugar al pedido de la fiscal de procesar a Feble también por falsificación ideológica porque entendió que por el momento no ha quedado determinada esa conducta.

En el caso del ex jefe del Serap, Alberto Márquez, la fiscal Mónica Ferrero dejó sin efecto el pedido de procesamiento debido a que en la audiencia de ayer demostró que cuando se efectuó la compra estaba de licencia y acreditó que su firma fue falsificada.

De todos modos, su participación en otras compras así como la actuación de otros cinco oficiales de la Armada y de un proveedor –que es militar retirado y cobró uno de los cheques– serán investigadas por Gatti.

“Obligados”. La jueza dedicó parte del auto de procesamiento para analizar el destino del dinero y afirmó que “no se ha podido ubicar en qué se gastó”.

A su juicio, se simuló todo un proceso de compra “para obtener dinero líquido, “fondos frescos”, según afirmó Fernández.

La jueza responsabilizó al ex comandante en jefe de “decidir” llevar a cabo la maniobra con la colaboración de Damonte y Feble. Para ello decidió desafectar un crédito que tenían con el Banco Hipotecario (BHU) para utilizar ese dinero en forma directa y sin contralor. Agregó que generaron una deuda con el BHU con los recargos e intereses respectivos, lo que suma otro perjuicio a la Armada.

Según explicó Fernández, se vieron “obligados” a realizar la maniobra debido a que a partir de 2009 perderían el control de los fondos de Naciones Unidas. El manejo “discrecional y sin las limitaciones que supone el sistema de gasto del Estado” de esos fondos era “imprescindible” para las necesidades de la Armada, declaró.

De acuerdo con ello, decidieron “generar ingresos por otra vía” que fue la de la falsificación de compras.

La jueza señaló que el procedimiento fue pergeñado por Dalmonte y Feble, con la participación de Da Costa. Los dos primeros “generaron las supuestas necesidades y actuaron junto a Da Costa para obtener el dinero”, dijo.

Aunque Fernández Maggio negó conocer la maniobra, Gatti entendió que esas afirmaciones “no resultan creíbles y sí lo son las brindadas por Feble y Damonte, en cuanto a que Fernández Maggio dio las directivas para esta maniobra”.

Para Gatti tampoco es creíble “que se desentendiera totalmente del destino a darse a esos fondos, y dejara todo en manos del Estado Mayor, que en realidad tiene funciones de asesoramiento y no de toma de decisión”.

“Es al comandante a quien le corresponde decidir”, señaló la jueza.

Como prueba de ello, el pasado jueves, Feble entregó a la Justicia las planillas que elaboraba con los destinos de ese dinero, que eran controladas por Fernández.

El procesado explicó que esos fondos se manejaban “sin control oficial, del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General de la Nación, registrándose únicamente de manera interna”.

Agregó que cuando fue designado agregado naval en Brasil, Fernández le dio la orden de destruir esas planillas, cosa que en realidad no cumplió sino que las guardó en su casa hasta ahora.

Para Gatti, el hecho de que el dinero no se controlara prueba que no ingresó a la Armada. Además, las facturas presentadas demuestran gastos de florería, joyería, viajes, bebidas.
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AMPLIARÁN LA INVESTIGACIÓN POR LAS COMPRAS
Rosadilla dijo que habrá muchos más responsables
       
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo en el Parlamento que la investigación por las compras ficticias se ampliará para indagar otras dos maniobras que fueron informadas el lunes pasado por el encargado de despacho de la Armada, Hugo Viglietti.
Viglietti señaló que con el mismo modus operandi se simularon otras dos adquisiciones en el 2008.

Esta semana en el Parlamento, Rosadilla dijo que ya se inició tribunal de honor para todos los implicados en las maniobras porque “faltaron a la palabra de honor de decir la verdad, aceptaron y firmaron” la simulación de las compras.

A su juicio, los oficiales responsables de las maniobras, al menos desde el punto de vista administrativo “son bastantes más” que las señalados hasta ahora por la Justicia.

En otro orden, dijo que se investiga por qué motivo el capitán de navío, Álvaro Bacqué, ex jefe de Contaduría del MInisterio de Defensa procesado por una maniobra de $ 7 millones con vales de nafta, solicitó a la Armada las carpetas de las dos compras ficticias.

En materia de la reestructura que a raíz de estos casos de corrupción dispuso en la Armada,el ministro determinó que los oficiales no permanezcan más de tres años en mismo cargo.

Por otra parte, Rosadilla dijo ayer que el actual sistema de agregadurías militares de Uruguay desaparecerá pues “la relación costo-beneficio” no amerita que permanezca.

Entrevistado por El Espectador, Rosadilla confirmó además que habrá una reducción de las agregadurías militares.

El ministro explicó que las agregadurías militares se otorgan como un premio retiro y que eso cambiará.
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Fuente:EL OBSERVADOR, de Montevideo.
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Ficción en la Armada. Nuevas compras truchas en la marina y factibles procesamientos de oficiales
La jueza Graciela Gatti decidirá hoy quiénes van a la cárcel por la simulada compra de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores. Pero la maniobra no es única en su especie, el ministro Rosadilla acaba de denunciar otros hechos similares.
 
Walter Pernas
 
Las declaraciones públicas del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ya no sorprenden. Existen decenas de irregularidades y conductas presuntamente delictivas en la Armada Nacional. En las últimas semanas, la marina ha estado permanentemente en la picota por graves hechos de corrupción, que parecen no terminar. Es más, a juzgar por la información que ha aportado el ministro, aún se esperan novedades que profundizarán el escándalo que alcanza perfiles novelescos, con empresarios que abandonan el país precipitadamente y amenazas de muerte a la fiscal, que actualmente cuenta con custodia policial las 24 horas.
 
Como suele decir Rosadilla: "lamentablemente tengo noticias", para luego relatar los hechos que reflejan presumibles ilícitos de parte de oficiales y otros funcionarios militares. Ahora también hay varios civiles comprometidos: empresarios que se han beneficiado asiduamente de compras hechas por la Armada en forma directa, por vía de excepción, es decir sin licitación alguna.
 
Ayer jueves por la tarde los indagados se presentaron ante la sede judicial que investiga casos del crimen organizado. Lajueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero interrogaron al ex jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, y a los oficiales Gerardo Feble (ex jefe de la División de Logística), Alberto Márquez (director del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada), Pablo da Costa (funcionario de la Dirección General de Material Naval) y a Danilo Damonte (ex responsable de Planeamiento y Presupuesto Naval). Luego del interrogatorio la jueza Gatti decidió emplazar para hoy a los cinco oficiales de la marina, sobre quienes pesan pedidos de procesamiento por el delito de fraude.
 
Para Feble el Ministerio Público también pidió el procesamiento por un delito de "falsificación ideológica por un funcionario público", en tanto este oficial fue quien documentó la compra ficticia de una grúa hidráulica y de un banco de prueba para motores, por los que se habrían pagado 600 mil dólares. En el caso de Damonte -quien prestó colaboración a la justicia en el caso-, se solicitó que fuera procesado pero no enviado a la cárcel.
 
NUEVAS DECLARACIONES. La jueza Gatti prefirió aplazar su fallo por 24 horas, hasta completar la etapa testimonial en el día de hoy, viernes. Algunas declaraciones formuladas ayer en el juzgado comprometieron a otros oficiales que hoy también deberían comparecer ante la sede. Es probable que se establezcan careos entre unos y otros implicados, y luego la magistrada adoptará una resolución. Tal decisión determinará con seguridad los procesamientos de varios de los indagados, aunque es posible que el fallo se difiera para algunos de ellos, sobre todo para los que recién fueron señalados como presuntos responsables en las maniobras.
 
El ex comandante Juan Fernández Maggio declaró brevemente ante la prensa que aguardaba fuera de la sede: "No di ninguna orden ni he tenido conocimiento del hecho en sí mismo, eso es todo lo que les puedo decir". Las explicaciones debió dárselas a las magistradas, en tanto el oficial retirado
sostiene no haber "engañado a nadie" ni quedarse "con ningún peso ".
 
Lo cierto es que los 600 mil dólares no aparecen ni tampoco la grúa hidráulica, ni el banco de prueba de motores. Las cuentas bancarias de todos los indagados están siendo investigadas.
 
Asimismo, la indagatoria continúa en el Ministerio de Defensa, donde Rosadilla dijo haber detectado dos nuevas maniobras similares a la compra ficticia de la grúa y el banco de prueba.
 
El ministro entiende que los hechos descubiertos generaron ganancias presuntamente ilícitas para otros varios oficiales por unos 300 mil dólares.
 
La nueva investigación se basa en un documento redactado por el contralmirante Leonardo Alonso, que refleja los resultados de la indagatoria administrativa. "En ese documento de 400 páginas hay 35 hechos constatados, 15 conclusiones y 12 recomendaciones", sostuvo Rosadilla. Luego entregó el documento al Poder Legislativo.
 
Las denuncias ya fueron formuladas ante la justicia militar y del crimen organizado. Pero además la investigación administrativa se profundizará a través de la asesoría letrada del Ministerio de Defensa.
 
Por otra parte, se espera que en los próximos días se revelen los nombres de los empresarios civiles que aparecen como sospechosos en diversas maniobras de la Armada. Para ello, Rosadilla está recibiendo información de la Dirección General Impositiva respecto de más de 40 sociedades anónimas cuyos directivos podrían estar implicados en los delitos que se indagan.

Fuente: BRECHA | POLITICA | Pág. 10 | 20/08/2010