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URUGUAY-Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa-

Escrito por rigofa2010 01-11-2010 en General. Comentarios (0)
Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa
La discusión del pasado. Constitucionalistas cuestionan el proyecto interpretativo del Frente Amplio Abogados consideran que se reabrirán casos y presentarán nuevas denuncias | w Sanguinetti y Batlle dicen que el tema está laudado | w Coalición sigue sin contar con los votos en Senado
E. DELGADO / P. MELÉNDEZ

Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.

El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.


Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas". Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.

Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.

Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.

Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.

Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".

Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.

Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".

Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.

Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.

Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.

Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.

A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".

El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

"Atentado contra la institucionalidad"
Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.

"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.

Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.

A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:

Un alerta a la conciencia ciudadana

"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.

En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.

En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.

Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.

Julio María Sanguinetti

Jorge Batlle

Montevideo, 27 de octubre de 2010".

División en el FA y posible consulta
Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.

Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular". De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.

Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.

Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.

La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).

El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.

El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".

El País Digital

URUGUAY-Caducidad-¿De quién es la banca cuando un legislador se va del sector?

Escrito por rigofa2010 27-10-2010 en General. Comentarios (0)
UN ASUNTO TAN AÑEJO COMO POLÉMICO
¿De quién es la banca cuando un legislador se va del sector?
Generalmente la situación se resuelve en beneficio del representante
   
Cuando en 1920 el Partido Socialista del Uruguay (PSU) se fracturó y dio paso al Partido Comunista del Uruguay (PCU) –siguiendo la exigencia de la Internacional Comunista a la que se adhirió tras un largo debate interno– se generó la primera discusión política que aún persiste y no se ha saldado: ¿A quién le corresponden las bancas? ¿Al legislador o al partido por el que fue electo?
En ese momento Emilio Frugoni siguió poco tiempo como legislador, pero luego renunció para dedicarse de lleno a la reconstrucción de los socialistas.

El debate de la época –que mezclaba argumentos constitucionales y políticos– se saldó en que la banca le corresponde al legislador y no al partido. De todas formas sigue siendo un tema polémico.

En la discusión actual por la ley de Caducidad, las sanciones a las que se exponen los senadores frenteamplistas Jorge Saravia (Movimiento de Participación Popular) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) reabren el debate. Ahora la cuestión es si ellos deben acatar la voluntad del partido por el que fueron electos o no, en un país donde la disciplina partidaria registra niveles altísimos (ver cuadro con cifras).

Disidencias. Uno de los casos más polémicos de la historia reciente de un diputado que se fue de un partido a otro, es el de Carlos Pita. Era legislador blanco y se pasó al Frente Amplio y se quedó con la banca (ver recuadro).

Si bien no fue el único que abandonó un partido, fue el caso más resonante. El resto sucedió muy cerca de la campaña electoral.

Hubo otras tantas disidencias internas, de un sector a otro, pero del mismo partido.

El politólogo Daniel Chasquetti dijo a El Observador que este es un tema aún polémico, pero que se resuelve generalmente admitiendo que la banca le corresponde al legislador y no al partido. Señaló que el sistema en líneas generales casi siempre privilegia por el contrario a los partidos. Puso como ejemplo la distribución de bancas. “Primero se toma al partido y después a los departamentos a la hora de hacer el reparto”, dijo.

“De todas formas, en este aspecto normalmente se entiende que la banca es del individuo”, dijo.

La discusión también es constitucional. Pese a que a texto expreso esta nada dice, el criterio general que toman los especialistas es el que la interpreta en el mismo sentido. Señalan que como el constitucionalista protege los fueros del legislador, así se admite también que le corresponde a la persona. El constitucionalista Ruben Correa Freitas se afilia a esa teoría.

Protección. Pero no todos comparten esta idea. El MPP, por ejemplo, pretendió al comienzo de este período que todos sus legisladores firmaran conformes, para asegurarse que la banca seguiría perteneciendo al sector por más que el dirigente se alejara. La idea era devolver el pagaré cuando terminara el período o cuando el legislador entregara la banca al sector.

Saravia, en ese momento, se negó a firmar esos pagarés. Generó allí su primer cortocircuito con el grupo, pero aseguró la banca para un conflicto como el actual.
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Disidentes
   
Carlos Pita
Embajador en Chile
El médico Carlos Pita, actual embajador en Chile, inició su militancia en el Partido Nacional. En 1984 fue electo diputado en la lista de Por la Patria. Ante la votación de la ley de Caducidad, a la cual se opuso, se fue del Partido Nacional. En 1987 adhirió al Frente Amplio, pero se quedó con la banca.

Zelmar Michelini
Ex senador frenteamplista
Dos veces cambió de tiendas. En 1954 fue electo diputado por la Lista 15. En 1958 volvió a obtener una banca. En 1962 se fue de su sector y fundó la Lista 99, llevándose la banca. En 1970 dejó el Partido Colorado, formó el Frente del Pueblo y se llevó la banca que había obtenido en el coloradismo.

Gonzalo Mujica
Diputado de la 609
En la legislatura pasada el Nuevo Espacio tuvo dos casos. Gonzalo Mujica, electo en 2004, en una alianza entre ese sector y el MPP, se fue del grupo y no devolvió la banca. Diego Cánepa, también diputado, renunció al abandonar el sector para hacer campaña electoral por Marcos Carámbula.
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LA HORA DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLÍTICA DEL FA
Aunque escasos, el Frente Amplio sufrió desacatos
   
Los desacatos en la historia del Frente Amplio (FA) son escasos pero existen. El senador del Partido Comunista (PCU), Eduardo Lorier, y la diputada de ese sector, Alicia Pintos, se negaron a votar la ley de Educación en la legislatura pasada. El tupamaro Jorge Zabalza en la Junta Departamental no votó la licitación del hotel Carrasco durante la primera administración de Mariano Arana en la comuna.
No siempre esos desacatos terminaron en castigos, pero la coalición de izquierda tiene al menos un mecanismo para aplicar sanciones que pueden llegar hasta la expulsión del partido.

El estatuto del FA crea un Tribunal de Conducta Política que puede actuar de oficio o ante solicitud de una coordinadora o de un grupo político para estudiar “las posibles violaciones del estatuto, desarreglos en la conducta política o ética” o violaciones al acuerdo político

Ese tribunal “elevará al Plenario Nacional sus conclusiones debiendo este adoptar decisiones, por 9/10 de sus miembros”.

En el conflicto interno actual que tiene el FA por la ley de Caducidad, son varios los dirigentes que entienden que Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa se exponen a graves sanciones al no cumplir un mandato político.

TCP vive y lucha. El Tribunal de Conducta Política (TCP) informó a la dirección del FA que sigue constituido, según informó el lunes pasado La Diaria.

El organismo recomendó una sanción al PCU por desacatar el mandato de votar la ley de Educación, pero ese informe nunca fue tratado por el Plenario del FA, que es quien debe poner las sanciones.

En el año 2007, ante la renuncia del general Víctor Licandro, el TCP se volvió a constituir. Sin embargo está tambaleante, ya que cuenta con pocos integrantes, según informó la publicación.

Actualmente está compuesto por cuatro miembros: el ex director del INDA, Uberfil Monzón, y los dirigentes Enio Martínez, Carlos Ferreira y José Pedro Montero. Este último renunciará para integrar la Junta Anticorrupción.
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Fuente: ELOBSERVADOR, de Montevideo.

URUGUAY-Caducidad-El peligro es que se encienda una espiral antidemocrática-

Escrito por rigofa2010 27-10-2010 en General. Comentarios (0)
FRENTE AMPLIO
Discursos se adaptan a los vientos políticos
   
La resolución y la voluntad popular que mostró el referéndum de 1989 no fue aceptada por distintos dirigentes frenteamplistas, que desde el día siguiente al mismo comenzaron a trabajar en una fórmula que permitiera dar vuelta esa decisión.
Así, en el Congreso del Frente Amplio de 2003, se produjo un durísimo debate entre Eleuterio Fernández Huidobro y el hoy fallecido Hugo Cores sobre si se debía promover o no la anulación de la ley de Caducidad, poco tiempo antes de que la izquierda llegara al poder.

Dos congresos. Ese congreso dijo que no a las intenciones de promover la eliminación de la norma. Con la premisa de investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico militar en el marco del artículo 4º de la vigente ley de Caducidad, el hoy partido de gobierno salió a hacer campaña por todo el país.

Sin embargo, en un congreso posterior, en diciembre de 2007, y frente a la intención de conquistar un nuevo período de gobierno frenteamplista, los dirigentes de izquierda aprobaron convocar a la población a participar en la campaña de recolección de firmas por la anulación de la ley.

Las posturas de algunos de los principales dirigentes del gobierno variaron, se modificaron y hoy son opuestas a las de hace pocos meses atrás.

En otros casos hay quienes desde el seno del Frente Amplio defienden a ultranza la voluntad popular, y mantuvieron su postura desde el principio, pese a quien le pese y cueste lo que les cueste.

Y otros, a pesar de conservar la postura de respetar lo elegido por la población en dos oportunidades, optaron por mantener la disciplina partidaria y votaron a favor de la intención de dejar sin efecto la ley. Aquí van algunos testimonios del pasado.
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Lo dijo
   
José Mujica
Presidente de la república
«Jamás mandaría un mensaje cambiando una decisión que tomó la ciudadanía. El camino del plebiscito es el más válido. Estuvo bien este gobierno que, teniendo mayoría parlamentaria, no mandó un mensaje para cambiarlo». Agosto de 2009, diario Acción de Soriano

“Con respecto a rever una decisión que tomó la ciudadanía explícitamente, en un país que está partido porque hay 48% y los votos están por la mitad, como poder político no tenemos otro camino que respetar esa decisión. Me guste o no me guste. Y si no me gusta, más la tengo que respetar». Noviembre de 2009, en La noticia y su contexto, canal 5
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APUNTE
Rosadilla en 1989: “Somos tipos de palabra”
   
El hoy ministro de Defensa, Luis Rosadilla, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), consideró al tema como “un capítulo cerrado” cuando se conocieron los resultados del referéndum de 1989. “Planteamos un método para impugnar la ley y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas del juego las aceptamos. Anunciamos que íbamos a acatar el resultado y hemos cumplido. Somos tipos de palabra”, dijo a Búsqueda en esa fecha.
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Claves
   
La ley de Caducidad de diciembre de 1986 fue ratificada en el referéndum de abril de 1989 con el 58% de los votos.
Entre 1985 y 2005 los gobiernos incluyeron todos los casos en la ley. El gobierno de Tabaré Vázquez excluyó algunos y la Justicia procesó a varios militares.
En octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional en el caso de la militante Nibia Sabalsagaray, asesinada durante la dictadura. El 25 de octubre de 2009 el 47,7% de la población reclamó anular la ley en un plebiscito, pero se requería más del 50%.
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En 1986 el MLN lanzó iniciativa para derogar
   
Pocos días después de creada la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el MLN junto a la organización Madres de Desaparecidos lanzaron la primera iniciativa para convocar a un plebiscito y derogar la por entonces reciente norma. La declaración del MLN, firmada por el hoy presidente José Mujica, indicaba que “el pueblo movilizado es capaz” de promover la derogación de la ley. “Juntemos el medio millón de firmas que obligarán a plebiscitarla”decía el documento, según publicó el semanario Búsqueda en ese año.
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Fernández Huidobro: “No soy un estafador”
   
El senador Eleuterio Fernández Huidobro se pronunció varias veces en contra de anular la ley. Por ejemplo, en mayo de 2006 dijo a El Espectador que estaba “totalmente en contra” de la anulación de la norma.
“Esto lo discutió el Congreso del Frente Amplio en 2003, que fue el que elaboró nuestra plataforma para la campaña electoral y para el gobierno. Salimos luego a recorrer el país comprometiéndonos a no derogarla y yo creo que gracias a eso conseguimos unos cuantos votos, que contribuyeron a la victoria. Yo no soy un estafador y ahora a toda esa ciudadanía que nos votó por eso, yo no puedo defraudarla”.

El senador se preguntó si la anulación “tiene algún efecto sobre los violadores a los derechos humanos” y dijo que lo “dudaba mucho”. Se preguntó también si una ley puede anular a otra y advirtió que sobre el tema habría “dos bibliotecas jurídicas”.
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Lo dijo
   
Líber Seregni
Líder histórico del Frente Amplio
«Se buscarán medios que no contraríen la expresión plebiscitaria (1989)»
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Lo dijo
   
Tabaré Vázquez
Ex Presidente de la república
«Esto fue laudado en 2003. Y yo como entonces candidato recibí el mandato de la fuerza política, de los frenteamplistas para que expusiera ante la ciudadanía cuál iba a ser nuestro programa si llegábamos al gobierno. En ese programa no estaba implícita la derogación de la ley de Caducidad”. Octubre de 2008, a Búsqueda.

«El Uruguay y su pueblo no se merecen tener una ley de impunidad como la que tiene. Como persona apoyo totalmente la recolección de firmas para lograr la anulación de esta ley. (...) Como presidente cumplo con la ley y esto ha permitido que los militares involucrados en la dictadura estén hoy detenidos (...)». Abril de 2009.
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OPINIÓN
El peligro es que se encienda una espiral antidemocrática
POR CLAUDIO ROMANOFF
   
El que puede lo más, también puede lo menos. Y la violación de un principio mayor como es el desconocimiento de la voluntad popular, trajo otra de rango menor: declaraciones políticas del comandante en jefe del Ejército, Raúl Rosales, cosa que está vedada por la Constitución. Así como ya no importa el contenido de la ley de Caducidad, ya que lo realmente significativo es el desprecio a la voluntad popular dos veces expresada en las urnas, tampoco es relevante el motivo de la actitud adoptada por el jefe militar.
La tolerancia del gobierno, al menos por algunos días, hacia las manifestaciones de Rosales contra la controvertida ley revela cierta culpa. Tal vez refleja el propósito político de quitar presión en la interna militar.

Y es evidente también que la aceptación –hasta hoy al menos– del pronunciamiento militar es fruto de los cuestionamientos a la legitimidad del procedimiento elegido para eliminar la ley de Caducidad. En una situación de fortaleza política, el comandante tendría los días contados.

Hasta ahora la izquierda había aventado todo temor respecto al avasallamiento de las libertades y derechos. La eliminación legislativa de la ley de Caducidad pone una señal de alerta en el camino, sobre todo para los grandes inversores que necesitan seguridad jurídica antes que rentabilidad. Los esfuerzos oficiales para adecuar las –discutibles– normas de flexibilización del secreto bancario para cumplir con los estándares de los países desarrollados se va al tacho con la decisión frentista. Si el gobierno es capaz de desobedecer dos pronunciamientos populares, tal vez alguien se pregunte sobre el valor de los contratos y la vigencia de la legalidad y el derecho en Uruguay, algo que hasta hoy no está en duda. Y nadie quiere ahora pretextos de ninguna clase para un espiral antidemocrático (cromanoff@observador.com.uy)
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Fuente:EL OBSERVADOR, de Montevideo.

Economía-Europa-España-Revelan que la pobreza golpea a uno de cada cinco españoles-

Escrito por rigofa2010 23-10-2010 en General. Comentarios (0)
El ajuste en Europa / Inquietante estudio
Revelan que la pobreza golpea a uno de cada cinco españoles
El 36,7% de la población no puede hacer frente a gastos imprevistos, según datos oficiales
Viernes 22 de octubre de 2010
Fernández de la Vega dejó ayer su puesto a Rubalcaba. Foto Reuters
Adrián Sack
Para LA NACION

MADRID.- La grave situación de la economía española arrojó ayer uno de los datos más negativos y dolorosos desde el comienzo de la crisis: el 20,8% de los españoles -uno de cada cinco habitantes- se encuentra ya por debajo de la línea de la pobreza relativa, como consecuencia de una tendencia creciente que no se ha detenido en los últimos tres años.
El inquietante índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística español (INE), cuya difusión opacó ayer la jura de los seis nuevos ministros del reciclado gabinete del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, reveló una suba del porcentaje de la población más afectada por la crisis de un 1,3% respecto de fines de 2009.
En aquel momento, el mandatario socialista aseguraba que la reactivación ya era "incipiente", pero el desempleo, que en la actualidad alcanza a 4,5 millones de personas, continuó su marcha ascendente y se consolidó como la principal causa del deterioro del poder adquisitivo de los españoles.
En este sentido, el informe sobre la tasa de pobreza relativa -que se mide como el número de personas que se ubican por debajo del 60% de la media de ingresos de la sociedad- concluye que también ha aumentado el porcentaje de personas sin capacidad para afrontar gastos imprevistos, que trepó al 36,7% de las familias, al aumentar un 2,7% el último año.
Otro signo de empeoramiento aportado por el estudio es el incremento del porcentaje de los particulares que han reconocido retrasos en los pagos de los gastos relacionados con su vivienda principal, que pasó del 4,7% al 7,7% de la población activa.
Los sombríos resultados del trabajo del INE se suman a las no menos preocupantes conclusiones de otro informe sobre la pobreza presentado anteayer por la Unión General de los Trabajadores (UGT). De acuerdo con el sindicato, sólo en Madrid el número de personas en riesgo de exclusión social pasó de 800.000 en 2009 a cerca de un millón en la actualidad.
El documento de la UGT destaca que la pobreza fue generada por el desempleo, y que creció junto con los alcances de su progreso sin freno. "La pérdida de empleo empezó por afectar a los trabajadores con contratos temporales y terminó por alcanzar a los trabajadores con puestos fijos y, por lo tanto, a familias que hasta hace poco tiempo no se encontraban en ninguna situación cercana a la precariedad y a la pobreza", explica.
Ayer, la atención de la mayoría de los medios españoles se dividió entre esos datos y el "golpe de timón" que el socialista Rodríguez Zapatero ensayó con la puesta en funciones de los nuevos ministros de su gabinete.
Flamantes ministros
Entre quienes ayer prestaron su juramento ante el mandatario y los reyes de España, hubo una figura de indiscutible protagonismo: la del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien por la tarde también asumió en su flamante condición de vicepresidente primero del gobierno español y vocero, lo que sin lugar a dudas lo convierte en el nuevo "hombre fuerte" del entorno presidencial.
En su comparecencia ante los medios internacionales, Pérez Rubalcaba buscó demarcar con conceptos claros y contundentes el inicio de una nueva etapa de la gestión de la administración socialista. "Austeridad, reformas y cohesión social: esa es la receta que merecemos", señaló.
El funcionario explicó que, a partir de estos principios, el gobierno buscará alcanzar los objetivos que se trazó para lograr la recuperación económica a través de la generación de nuevos empleos y llegar así a buen puerto en 2012, año en que Zapatero finalizará su segundo período al frente del gobierno.
Esa meta se transformó durante la tarde en uno de los ejes de debate en los medios y en el ambiente político español, donde se preguntaban si el presidente veía en Pérez Rubalcaba a un "posible sucesor" o solamente a un "apuntalador" de su debilitada gestión.
Muy cercano a Rubalcaba, el ex presidente del gobierno español Felipe González se mostró satisfecho con la profunda remodelación del Ejecutivo, cambios que, según sugirió, suponen el regreso del felipismo. El nuevo "hombre fuerte" de Zapatero había sido ministro de Educación y de la Presidencia de González.
En la tarde de ayer también llamaron la atención las declaraciones del flamante ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien había apoyado la huelga general realizada el 29 de septiembre pasado contra el gobierno en el que desde ayer ocupa un puesto clave.
"No creo que la reforma laboral tenga marcha atrás", dijo, al ser consultado por la televisión española, a pesar de que fue esa ley la principal causa del primer paro total de actividades realizado en 6 años de la gestión del socialista Zapatero.
Ayer, además, asumieron en sus nuevos cargos los ministros Manuel Chaves, en el área de Política Territorial y Función Pública; Trinidad Jiménez, en Relaciones Exteriores; Leire Pajín, en Sanidad, y Rosa Aguilar, en Medio Ambiente.

Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.

Argentina-Piden que EEUUA sancione al país por ignorar fallos del Ciadi

Escrito por rigofa2010 10-10-2010 en General. Comentarios (0)
El frente externo / Reclamos de empresas en un tribunal del Banco Mundial
Piden que EE.UU. sancione al país por ignorar fallos del Ciadi
Azurix y Blue Ridge buscan que Washington elimine preferencias arancelarias a productos argentinos
Sábado 9 de octubre de 2010
Silvia Pisani
Corresponsal en EE.UU.
WASHINGTON.- La Argentina enfrentará la próxima semana en Estados Unidos una nueva embestida de acreedores que demandan el pago de deudas.
Esta vez, el castigo que se procura para el país es comercial y lo promueven dos empresas norteamericanas, Azurix y Blue Ridge. Desde hace años, ambas intentan que se les paguen sentencias en su favor que en su momento dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -el tribunal arbitral del Banco Mundial- por "incumplimiento" de contratos.
"Entre sentencias e intereses acumulados, se demandan cerca de 400 millones de dólares", dijeron a LA NACION los promotores del reclamo. La queja se presentó ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, según sus siglas en inglés). Y lo que se pide es que, como castigo por su incumplimiento, la Argentina sea "expulsada" del Sistema General de Preferencias, un beneficio comercial que, según se indicó a LA NACION, ahorra no menos de 40 millones de dólares anuales en aranceles a productores argentinos que colocan bienes en los Estados Unidos.
Según la documentación aportada al proceso, a la que tuvo acceso LA NACION, tanto Blue Ridge como Azurix argumentaron que, pudiendo hacerlo, la Argentina "se resiste a honrar" fallos que el Ciadi emitió en 2007. En ellos, se condenó al Estado argentino a pagar US$ 165,2 millones -cifra que, con intereses, se elevaría a los 210 millones- en el caso de Azurix. Y 133 millones de dólares -más intereses- en el caso de Blue Ridge.
"Todas las instancias de arbitraje han confirmado que el pago debe hacerse. Estamos convencidos de que el Gobierno argentino honrará esta deuda, además, porque ha dicho públicamente en repetidas oportunidades que tiene voluntad de desendeudarse y que actúa conforme al derecho", dijo el presidente de Azurix, Rod Castillo, consultado por LA NACION.
"Es penoso que hayamos llegado a esta instancia. Hace más de dos años que las sentencias están firmes y no sólo el gobierno argentino se resiste a honrar el pago, sino que nos reprocha que lo exijamos", dijo James Garvey, de Blue Ridge.
"Yo lamento tener que pedir esto", añadió, pero el estatuto del sistema de preferencias claramente expresa que debe eliminarse de sus alcances al país que "no actúe con buena fe a la hora de honrar fallos" en favor de empresas norteamericanas, argumentó.
Ambas denunciaron que el gobierno argentino violó el tratado bilateral de protección de inversiones en vigor al no cumplir con sus respectivos contratos.
En el caso de Azurix, era del de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires, mientras que Blue Ridge es heredera del juicio que favoreció a la ex gasífera CMS. Ambos son casos pendientes de la cascada de juicios contra el Estado que, por incumplimiento de contrato, se desencadenó tras el estallido de la crisis de 2001.
Argumentos oficiales
En su exposición inicial de argumentos ante el representante comercial, el gobierno de Cristina Kirchner clamó contra la "especulación de Wall Street", a la que se reprochó la intención de "perjudicar" a empresarios argentinos con este posible castigo comercial.
La ponencia, expuesta por funcionarios de la embajada en esta ciudad, subrayó que hoy ninguna de las dos compañías reclamantes se corresponde con los accionistas originales, sino que son "meros entes especulativos" tratando de "despojar" a la Argentina de un beneficio fiscal.
"Esto es una batalla entre los inescrupulosos de Wall Street" que, de imponerse, "perjudicarán a los empresarios norteamericanos que se benefician con las importaciones argentinas" y a los productores de nuestro país que encuentran un mercado, fue el argumento. Pese a que se trata de un reclamo de las empresas, los tenedores de deuda impaga se sumaron inmediatamente.
"El default argentino les costó millones de dólares a los norteamericanos. No es posible que, encima, lo recompensemos con beneficios arancelarios. Se trata de una economía sólida que se resiste a pagar sus compromisos", dijo Robert Shapiro, directivo de la Argentina Task Force (ATFA), que representa a tenedores de bonos impagos.
El tribunal que debe decidir deliberará nuevamente en el curso de los próximos días, noticia que llega justo cuando el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, está en Washington -acompañado por el vicecanciller Alberto D´Alotto- para protestar ante el Ciadi por aparentes irregularidades en la demanda que le hizo al país la francesa Vivendi y en la que el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$ 105 millones más intereses (unos 170 millones en total).
CLAVES
Empresas que demandan a la Argentina ante tribunales internacionales
Defensa. En diez años de litigios ante tribunales internacionales, la Argentina logró desactivar el 68% de las demandas.
Números en juego. Se evitó el desembolso de más de US$ 30.000 millones.
Acuerdos. El país logró la suspensión de litigios con varias empresas, entre otras, Camuzzi International, Gas Natural, Enersis, Chilectra, Empresa Nacional de Electricidad y Elesur; EDF International (EDFI) y Electricidad Argentina SA; Unisys Corporation, Saur International, Compañía General de Electricidad y Bank Of Nova Scotia.
Mochila pesada. Quedan más de 20 procesos activos y pendientes de definición ante varios tribunales internacionales. Totalizan demandas por más de 16.000 millones de dólares.

Fuente:  LA NACIÓN, de Buenos Aires.